viernes, 3 de agosto de 2012

Laboratorios Viviar, Compromís acusa al ayuntamiento de "paripé legal" mientras las instalaciones repletas de productos tóxicos siguen abiertas y sin control

el interior es accesible a cualquiera
La formación critica que la concejala de Sostenibilidad ha firmado un decreto "paripé" en lugar de aplicar las medidas de emergencia exigidas por Compromís
   
Según un escrito registrado el pasado día 24, el propietario ofrece un gestor de resíduos y el compromiso notarial de devolver el dinero, por lo que la retirada de los residuos ya se hubiera podido efectuar. Eso sí, siempre que el ayuntamiento pudiera adelantar los 25.000€ de presupuesto, tema complicado con la gestión del PP en el Ayuntamiento y en la Consellería de Medio Ambiente.

Ahora el Ayuntamiento ordena al propietario dicha retirada, a sabiendas de que no lo va a hacer, lo cual garantiza que los residuos permanecerán allá durante un mínimo de 15 días, período en el que ni el propietario ni el Ayuntamiento tienen la obligación de hacer nada, según el decreto firmado por María Villajos”.

Desde Compromís exigimos que el consistorio aplique las medidas urgentes y cautelares que evitarían riesgos para la salud y el medio ambiente. Sobre todo cuando la seguridad de las personas es una competencia municipal. Hablamos de medidas sencillas y que no implican gastos astronómicos, como el precintado de las instalaciones y señalización advirtiendo de los riesgos tóxicos y del elevado peligro de incendio”.

“A todo esto hay que añadir que la comunicación sobre cerrar el recinto no le ha llegado al propietario, puesto que el Ayuntamiento envía la notificación a la nave abandonada, dónde no hay nadie para recibirla. Además el decreto anunciado en prensa por el PP todavía no se ha notificado al interesado, así que nos podemos ir a finales de agosto sin que nadie tome ninguna medida. 

“La situación sobre el abandono que hay en las instalaciones de Laboratorios Viviar es de peligro extremo. Y en vez de refugiarse en si es competencia municipal, autonómica o del propietario, el ayuntamiento está obligado a instar de oficio a la Fiscalía, para que esta derive las responsabilidades. Esperamos que la concejala del área tome en consideración esta sugerencia”, concluye el ceoncejal Juanma Ramón.

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